La firma arsys·es permite reservar dominios ·eu con caracteres multilingües


La firma arsys·es permite reservar dominios ·eu con caracteres multilingües

La empresa de registro de dominios y alojamiento web arsys·es reserva desde ya dominios ·eu con caracteres específicos (como la eñe del castellano) o multilingües (como la cedilla del catalán y el francés), lo que permite solicitar estas direcciones antes de su lanzamiento, previsto para el 10 de diciembre.

Gracias al servicio Reserva de dominios multilingües .eu, los internautas podrán solicitar dominios .eu que incluyan los caracteres propios de las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea.

Estas peticiones se incorporarán a un sistema de reserva y el 10 de diciembre arsys.es tramitará los registros automáticamente, con todas las garantías técnicas que ofrece la empresa líder del mercado español de registro de dominios y alojamiento web.

Ahora se acepta el registro de palabras con caracteres de los alfabetos griego y cirílico
EURid, la organización internacional responsable de la extensión eu, ha fijado un procedimiento sencillo y transparente para el lanzamiento comercial de los dominios multilingües bajo esta extensión, que se realizará simultáneamente para particulares, instituciones y empresas.

Otra de las novedades de los dominios multilingües .es consiste en la aceptación del registro de palabras con caracteres de los alfabetos griego y cirílico, utilizados por millones de personas en Europa. Hasta ahora, sólo podían utilizarse 37 caracteres (26 letras del alfabeto latino, diez dígitos y un guión).

Esta medida se enmarca en el proceso de internacionalización emprendido por ICANN, la máxima autoridad mundial en materia de dominios, para que todos los idiomas y sus más de 100.000 caracteres se reflejen en Internet.

La empresa arsys.es ha puesto a disposición de los internautas una página web con toda la información sobre los dominios multilingües .eu.

DERF.COM.AR

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Fuertes críticas de la SIP al Gobierno


Libertad de expresión
Fuertes críticas de la SIP al Gobierno
Denunció ataques contra el periodismo

Jorge Rouillon
LA NACION

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso argentino que se renovará el 10 de diciembre la revisión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, recientemente aprobada, y denunció una escalada de agresiones a periodistas y medios por parte del oficialismo.

Al concluir su 65a Asamblea General en Buenos Aires, el organismo que agrupa a 1380 periódicos del continente emitió dos resoluciones referidas específicamente a la Argentina, en el contexto de duros análisis sobre la situación de la libertad de expresión en varios países latinoamericanos.

La entidad expresó su "preocupación por la virulencia registrada en las cuantiosas acciones dirigidas desde el gobierno argentino o sectores afines contra periodistas, directivos de medios y empresas editoras, que tienen como objetivo intimidar y afectar el normal desarrollo de la tarea periodística".

Estimó que la virulencia que tiene esa escalada presenta modalidades "hasta ahora inéditas en la conflictiva relación del gobierno argentino con la prensa".

En los considerandos, la SIP señaló "la intervención de teléfonos y correos electrónicos de periodistas y editores, maltrato a profesionales en conferencias de prensa; ataques físicos a locales de diarios, agencias periodísticas y domicilios particulares de directivos de medios; la difusión de panfletos, y una costosa campaña de difamación mediante afiches y pintadas en la vía pública".

También mencionó el operativo de 200 inspectores de la AFIP en el diario Clarín y en domicilios de sus directivos, la denuncia de un plan oficial para intervenir la empresa de papel para diarios Papel Prensa, los bloqueos a la distribución de publicaciones por el sindicato de camioneros y el reciente decreto presidencial que "pretende alterar la relación de las empresas editoras de diarios y revistas con su cadena de distribución".

El documento afirmó que "persistió la distribución arbitraria de la publicidad oficial como un método indirecto de presión editorial".

Y mencionó el uso que hacen funcionarios públicos de procesos penales como herramienta de presión contra editores y periodistas, como las querellas iniciadas por un funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso, contra editores de La Nacion ?el presidente del directorio, Julio Saguier, y el director, Bartolomé Mitre? y periodistas de Clarín.

Por otra parte, la asamblea de la SIP expresó su preocupación por "las consecuencias negativas" que la ley de servicios de comunicación audiovisual "tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país".

En las deliberaciones de la asamblea, y también en sus conclusiones, se vinculó la ley argentina con una tendencia a la manipulación estatal de la radiodifusión y al hostigamiento de los medios independientes, de la cual se considera el ejemplo más saliente y restrictivo el proyecto de ley de comunicación que impulsa el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y que discute ahora la asamblea nacional de ese país.

Revisar la ley

La SIP resolvió "solicitar al Parlamento argentino, cuya composición se renueva el próximo 10 de diciembre, la revisión del texto aprobado para que la ley que regule los servicios de comunicación audiovisual sea una norma basada en criterios de razonabilidad y acorde con los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación de los servicios audiovisuales".

En los considerandos, la resolución de la SIP estima que la ley aprobada por el Congreso argentino "otorga fuertes discrecionalidades al gobierno de turno para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto".

Señala también que "presenta una clara discriminación contra los medios privados, al limitar su alcance y prohibirles la constitución de redes o cadenas, mientras que los medios estatales no resultan alcanzados por dichas restricciones".

En ese sentido, considera que esa ley "apunta a una fragmentación del espacio de los medios privados, desentendiéndose de su sustentabilidad, lo que los hará más vulnerables y dependientes de recursos oficiales o de intereses ajenos al sector".

Manifiesta, asimismo, que la ley contiene disposiciones retroactivas, "que desconocen licencias vigentes y debidamente otorgadas, vulnerando los derechos adquiridos de radiodifusores y la seguridad jurídica".

Y estima que el texto compromete principios constitucionales, como la libertad de expresión, el federalismo y el derecho de propiedad, y principios supranacionales de derechos humanos. La apelación de la SIP no se limita al Congreso; apunta a otros ámbitos (como el judicial) para que velen por la libertad de expresión y las garantías constitucionales.

Críticas

  • Control. Otorga fuertes discrecionalidades al gobierno de turno para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto.
  • Retroactiva. La ley contiene disposiciones retroactivas, que desconocen licencias vigentes y debidamente otorgadas, vulnerando los derechos adquiridos de radiodifusores y la seguridad jurídica.
  • Discriminación. Presenta una clara discriminación contra los medios privados, al limitar su alcance y prohibirles constituir redes o cadenas, lo que no rige para los medios estatales.