Todo empezó como una propuesta ecológica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: en noviembre de 2008 la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público lanzó la primera campaña de recolección de pilas y baterías agotadas de la capital argentina.
Los fabricantes ser harán cargo del reciclaje de diez toneladas de pilas.
La iniciativa tuvo un enorme éxito y en el lapso de nueves meses se logró recolectar 700.000 unidades de tamaño AA y AAA, equivalentes a diez toneladas.
El problema surgió a la hora de buscar deshacerse de los residuos tóxicos.
El plan del gobierno porteño era llevar las pilas a un relleno de seguridad en la provincia central de Córdoba, pero las autoridades cordobesas se negaron. Lo mismo ocurrió cuando se intentó llevarlas a la provincia de Buenos Aires.
El llamado a que las empresas productoras e importadoras de pilas se ocuparan del problema no tuvo acogida.
Fue así que las pilas de la discordia quedaron almacenadas en un depósito, a la espera de un destino final.
Las cosas cambiaron cuando la organización medioambiental Greenpeace tomó cartas en el asunto y lanzó una campaña para obligar a los fabricantes de baterías a hacerse cargo del problema.
Ahora las empresas Duracell y Energizer, que representan el 90% del mercado de pilas en Argentina, anunciaron que se ocuparán del tratamiento de las diez toneladas de residuos.
Basta con escribir “mezquita en la zona cero de Nueva York” para que un consumidor de noticias entienda a qué me refiero. Lo grave es que no se trata de una mezquita y tampoco está en la zona cero de Manhattan.
